La situación de las personas LGBTQ+ en Senegal atraviesa uno de sus momentos más preocupantes de los últimos años. Desde comienzos de 2026, el país ha registrado una intensificación de las detenciones y las acciones contra integrantes de la diversidad sexual y de género, en un contexto marcado por el endurecimiento de la legislación que penaliza las relaciones entre personas del mismo sexo y amplía las restricciones sobre las organizaciones que defienden sus derechos.
Un informe de Human Rights Watch (HRW), reseñado por Associated Press, advierte que esta campaña está provocando que muchas personas LGBTQ+ abandonen sus hogares, reduzcan sus actividades cotidianas o se mantengan ocultas por temor a ser identificadas y detenidas. La organización también señala que el clima de persecución está incrementando el estigma y dificultando que la población acceda a servicios médicos esenciales.
El problema no se limita a las consecuencias judiciales. La criminalización también repercute en la salud pública, la libertad de asociación, la privacidad y la seguridad personal de una comunidad que ya enfrentaba importantes barreras sociales e institucionales.
El 27 de marzo de 2026, el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, promulgó una ley que endurece las sanciones por las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. La reforma elevó las penas de prisión, que anteriormente oscilaban entre uno y cinco años, a un rango de entre cinco y diez años. También aumentó las multas y estableció sanciones para quienes sean acusados de promover o financiar la homosexualidad.
La iniciativa había sido aprobada por el Parlamento después de que el Gobierno anunciara su intención de fortalecer la legislación vigente. La disposición amplió el alcance de la persecución al incluir actividades relacionadas con la defensa pública de los derechos de las personas LGBTQ+, lo que genera preocupación entre organizaciones sociales, activistas y entidades que trabajan en materia de salud.
Senegal ya penalizaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo desde 1965, mediante el artículo 319 del Código Penal. Sin embargo, la nueva legislación representa un endurecimiento de las consecuencias legales y amplía el margen de actuación contra personas y organizaciones vinculadas con la comunidad.
En abril de 2026 se produjo la primera condena conocida bajo la nueva normativa. Un tribunal de Pikine-Guédiawaye, en las afueras de Dakar, sentenció a un hombre de 24 años a seis años de prisión y le impuso una multa de aproximadamente 3.300 dólares por cargos relacionados con «actos contra natura» e indecencia pública, según informó Associated Press.
Senegal forma parte de un grupo de más de 30 países africanos que mantienen leyes que penalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. Aunque las disposiciones varían de un territorio a otro, la criminalización continúa siendo una de las principales barreras para la protección de los derechos LGBTQ+ en el continente.
La situación actual demuestra que la criminalización no afecta únicamente a quienes enfrentan procesos judiciales. También condiciona la vida de quienes deben ocultar sus relaciones, limitar su participación comunitaria o evitar acudir a servicios de salud por miedo a ser señalados.
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