Personas LGBTQ+ que buscaron protección en Estados Unidos frente a la persecución por su orientación sexual o identidad de género están siendo deportadas a terceros países donde pueden enfrentar nuevos riesgos de violencia, discriminación, detención o incluso criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo.
Una investigación publicada por Reuters documentó 40 casos de migrantes LGBTQ+ que, durante la administración de Donald Trump, fueron enviados desde Estados Unidos a países distintos a sus lugares de origen. En varios de estos casos, las personas habían obtenido algún tipo de protección legal estadounidense después de demostrar que regresar a sus países podía ponerlas en peligro.
La práctica forma parte de una política más amplia de deportaciones hacia terceros países, mediante acuerdos entre Estados Unidos y distintos gobiernos extranjeros. Según datos preliminares del Gobierno estadounidense citados por Reuters, más de 40.000 personas han sido deportadas desde Estados Unidos hacia países de los que no son ciudadanos durante el segundo mandato de Trump, incluidas unas 900 enviadas a países africanos.
Para las personas LGBTQ+, la situación adquiere una dimensión particular debido a las leyes y condiciones sociales de algunos de los países receptores.
Los 40 casos examinados por Reuters incluyen deportaciones a Sierra Leona, Camerún y Esuatini, países donde las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están criminalizadas. Otros fueron enviados a República Centroafricana, Guinea Ecuatorial y República Democrática del Congo, donde informes del Departamento de Estado estadounidense han documentado abusos y situaciones de especial vulnerabilidad para las personas LGBTQ+.
Uno de los casos documentados es el de Abdou Latifou, un hombre gay de Togo que huyó de su país después de sufrir una agresión y amenazas de muerte tras ser visto besando a otro hombre.
En noviembre de 2025, un juez de inmigración estadounidense determinó que no era seguro devolverlo a Togo. Sin embargo, meses después fue deportado a Sierra Leona, un país donde los hombres que mantienen relaciones homosexuales pueden enfrentar penas de hasta cadena perpetua. Posteriormente fue devuelto a Togo y terminó huyendo nuevamente hacia Costa de Marfil.
Otro caso corresponde a una mujer bisexual de Ghana que fue deportada a Camerún. Allí permaneció durante meses en un centro de detención y posteriormente se trasladó a Nigeria para vivir con familiares, debido a sus temores de regresar a Ghana. En Nigeria, las relaciones entre personas del mismo sexo también están penalizadas y las sanciones pueden ser extremadamente severas en determinados estados.
Para la comunidad LGBTQ+, estos casos vuelven a poner sobre la mesa una cuestión fundamental del sistema internacional de asilo, la obligación de garantizar que una persona no sea trasladada a un lugar donde pueda enfrentar persecución por ser quien es.
Mientras la Corte Suprema se prepara para revisar la legalidad de las deportaciones a terceros países, organizaciones de derechos humanos continúan documentando los efectos de una política que ya ha llevado a decenas de personas LGBTQ+ a territorios donde su orientación sexual puede convertirse nuevamente en un factor de riesgo.
¿Qué piensas de esta situación? Te leemos.
