La Gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González‑Colón, ha promulgado la Ley 63‑2025, la cual prohíbe el acceso a terapia hormonal, bloqueadores de la pubertad y cirugías de afirmación de género para todas aquellas personas trans menores de 21 años.
Según el texto legal publicado junto a la nueva normativa, violar esta ley puede atraer consecuencias severas de hasta 15 años de cárcel, multas de USD 50,000 y revocación de licencias médicas para profesionales que desobedezcan la ley.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico se posicionó en contra del cambio legal, y el director del organismo, Jesús Santiago, dio unas declaraciones al respecto. “Iremos a los tribunales para impugnar la constitucionalidad de la cruel e inhumana firma del gobernador, que criminaliza a profesionales de la salud por atender a menores trans”, afirmó.
Con este cambio legislativo, Puerto Rico se suma ahora a un grupo de cerca de 27 jurisdicciones norteamericanas que impusieron medidas contra el acceso trans, todo como precedente de que la Corte Suprema de Estados Unidos validó una ley similar en Tennessee, dando luz verde a su aplicación en varios territorios.
Esta prohibición deja desprotegidos a los jóvenes trans de la isla, los cuales deberán interrumpir su proceso de transición o salir de Puerto Rico para obtener la atención médica correspondiente.
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