El pasado 8 de julio, la Corte Penal Internacional (CPI) hizo oficial dos órdenes de arresto en contra dos de las figuras más relevantes del régimen talibán: Haibatullah Akhundzada, líder supremo, y Abdul Hakim Haqqani, presidente del Tribunal Supremo.
Dichos hombres son acusados por cometer crímenes de lesa humanidad entre el 2021 y 2025 por persecución sistemática basada en género, dirigidos contra mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBTIQ+.
Desde que el movimiento talibán recuperó el poder en Afganistán en el año 2021, el régimen prohibió el acceso de niñas a la educación secundaria, restringió empleo público para mujeres y condenó a las personas que expresaban una identidad de género o una orientación sexual diversa, castigándolas en el proceso.
Este es el primer caso de “persecución de género” en la CPI, aplicando la jurisdicción del Estatuto de Roma. No solo se incluyen cargos por las acciones violentas del régimen, también la imposición de reglas discriminatorias que perjudican a las mujeres y al colectivo LGBTIQ+.
El movimiento talibán desestimó las órdenes, argumentando que son “de hostilidad para el Islam”. A pesar de ello, activistas afganos y organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, han dado su aprobación ante el paso legal tomado por la CPI.
Con estas órdenes, la Corte Penal Internacional muestra su postura contra el régimen talibán, grupo que durante años ha generado sufrimiento a niñas, mujeres y miembros de la comunidad LGBTIQ+.
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