Centroamérica emerge como una de las regiones más hostiles para los defensores de derechos humanos. Entre 2018 y 2022, 177 valientes activistas perdieron la vida en esta región, según Front Line Defenders, una ONG con presencia en Irlanda y Bélgica.
Aunque Centroamérica representa una fracción diminuta de la población total de América, con 46.3 millones de habitantes en 2022, se convierte en el lugar donde uno de cada siete defensores, incluyendo a activistas de diversas áreas, ha sido asesinado. Esta proporción alarmante sitúa a Centroamérica como la segunda zona con mayor número de defensores asesinados por cada millón de habitantes, únicamente superada por Colombia.
En este trágico panorama, Honduras emerge como un epicentro de peligro, especialmente para quienes abogan por los derechos ambientales y de la comunidad LGBTIQ+. Este oscuro escenario se ilustra vívidamente en las historias de Thalía Rodríguez y Berta Cáceres, aunque separadas por tan solo seis años, comparten el mismo trágico desenlace marcado por la crueldad.
Rodríguez, en 2022, se convirtió en la primera defensora de derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ asesinada en el país. El Observatorio TMIS de la Red Lésbica Cattrachas reportó que tres hombres armados irrumpieron en su hogar, situado en las faldas del cerro Juana Laínez en Tegucigalpa, acabando con su vida a través de varios disparos en la cabeza, dejando también herida a su pareja.
Su muerte constituyó el transfeminicidio número 402 registrado en el país en tan solo 12 años.
Ni las sentencias ni las obligaciones asumidas por el Estado lograron proteger la vida de Thalía. Su trágico desenlace se suma a las 87 muertes de defensores reportadas en Honduras por Front Line Defenders entre 2018 y 2022, representando casi la mitad (49.2%) del total de crímenes en Centroamérica.
Ana Paula Taraciuk, aludiendo al relator de Naciones Unidas sobre Defensores, subraya que “Honduras es uno de los países más peligrosos de América Latina para ejercer esta labor”.
El compromiso anunciado por la actual presidenta Xiomara Castro de trabajar con la sociedad civil, lamentablemente, sigue siendo una deuda pendiente.
Para muchas de las más importantes ONG LGBTIQ+ en el país, la práctica gubernamental e institucional de la homofobia y otras formas de odio restringen el acceso de la comunidad a los servicios disponibles para los ciudadanos.
En situaciones extremas, que han sido documentadas pero aún no resueltas, han amenazado el derecho a la integridad y la vida de varios hondureños y hondureñas. Esto es paradójico, ya que en algunos casos, estos actos son perpetrados por aquellos encargados de brindar seguridad y protección a la población, lo que demuestra la presencia de una cultura de homofobia arraigada tanto a nivel cultural como institucional en Honduras.
A su juicio, se observa claramente una ‘cultura de estigma, discriminación y exclusión’ hacia la comunidad LGBTQ+. Además, se percibe una falta de interés por parte del gobierno en implementar medidas de seguridad que beneficien a esta comunidad. Por tanto, la labor de organizaciones que trabajan en pro de los derechos de los miembros de esta comunidad en el país centroamericano cobra una relevancia significativa.
La situación en Honduras no ofrece consuelo para la comunidad diversa, ya que ser LGBTQ+ en este país puede conllevar un gran sufrimiento.”
Riesgo para el activismo en general
Otro caso emblemático es el de Berta Cáceres, acontecido en 2016. Su historia pasa por una lucha en defensa del medio ambiente y también por destapar una trama de empresarios sin escrúpulos en colusión con militares, así como las deficiencias regulatorias del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Berta, líder de la etnia indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente, se opuso con firmeza a la construcción de la represa de Agua Zarca en el río Gualcarque, así como a proyectos mineros y madereros. Sus posturas enfrentaron al expresidente Juan Orlando Hernández, a quien denunció como “dictador” y “vendepatria”.
El precio de oponerse a este proyecto fue su vida: el 3 de marzo de 2016, cuatro asesinos le arrebataron la vida a balazos dentro de su hogar. Dos años después, el 2 de marzo de 2018, David Castillo, presidente ejecutivo de Desarrollos Energéticos SA (DESA), dueña de la fallida Agua Zarca, fue capturado y condenado a más de 20 años de cárcel en julio de 2021 como autor intelectual del asesinato.
Estos casos son un llamado urgente a la atención global sobre la peligrosa situación que enfrentan los defensores de derechos en Honduras, en especial aquellos que luchan por la inclusión y los derechos de la comunidad LGTBI+.
Su valentía y sacrificio no deben ser olvidados y nos recuerdan la necesidad de seguir apoyando esta causa en un mundo que aún tiene un largo camino por recorrer hacia la igualdad y la justicia para todos.
